violencia domestica

La violencia contra las mujeres es una vergüenza para los derechos humanos; sin embargo, en muchas sociedades la respuesta es el silencio, la apatía o la falta de interés de las autoridades, del Estado. La inacción convierte a estas sociedades en responsables y cómplices de la violencia.

La violencia doméstica está presente en todo el mundo, y Argentina no es la excepción a esa realidad mundial. La Línea de Mujer de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibió 7.876 llamadas por violencia familiar de enero a septiembre de 2007. En las 24 Comisarías de la Mujer y la Familia de la Provincia de Buenos Aires se recibieron 18,000 denuncias relacionadas con violencia familiar de enero a junio de ese mismo año, frente a las 26,631 registradas en todo el año 2006.

Violencia contra mujeres

En lo que va de 2007, según datos de la ONG pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) a 15 de noviembre, la tasa por millón de mujeres extranjeras asesinadas por sus parejas o ex-parejas es seis veces mayor que la tasa de las españolas. De las 65 mujeres asesinadas hasta esa fecha, 41 serían españolas y 24 extranjeras. Respecto a la nacionalidad de los agresores, aunque no se ofrecen datos gubernamentales que crucen la nacionalidad de los agresores con la nacionalidad de las víctimas, según los que facilita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2006 sólo en uno de cada cuatro casos de mujeres muertas por violencia de género tanto la víctima como el agresor eran extranjeros.

Estas cifras evidencian que en España, al igual que en otros países, la violencia de género saca ventaja de la vulnerabilidad, la desprotección e indefensión de sus víctimas, en este caso las mujeres inmigrantes. Esta es la principal conclusión del informe de AI: Más riesgos y menos protección: mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género, presentado hoy con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer.

La principal investigadora del informe, María Naredo, ha señalado que, a pesar de la Ley Integral en vigor y de algunas medidas adoptadas, "lo cierto es que siguen existiendo desventajas y obstáculos que impiden a estas mujeres superar el ciclo de la violencia y obtener justicia".

Según Amnistía Internacional, continúa la desigual protección a los derechos humanos de las inmigrantes víctimas de violencia de género, especialmente en el caso de las mujeres reagrupadas en España por su agresor y las que se encuentran en situación irregular. "La escasa atención prestada a sus necesidades en el desarrollo de la Ley Integral y las trabas creadas por algunas normas dictadas posteriormente son la causa principal de que encuentren obstáculos en la búsqueda de asistencia, protección y justicia ante la violencia que sufren", ha asegurado Naredo.

Difícil acceso a los recursos y la Justicia

Tener que acreditar la condición de víctima de violencia de género únicamente a través de la denuncia o de la orden de protección concedida como requisito para acceder a centros de acogida o servicios de tratamiento psicológico prolongado, es un obstáculo para aquellas mujeres que por miedo u otras circunstancias no interponen la denuncia. La consecuencia es que las mujeres con más necesidad de un apoyo especializado son derivadas a recursos que no les sirven.

A pesar de que la Ley Integral prevé para las víctimas de violencia de género el derecho a "recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas", existen deficiencias en el acceso a la información de las mujeres inmigrantes sobre los derechos que les asisten y los recursos de los que pueden disponer. AI ha documentado casos en los que no se ha garantizado la asistencia de intérpretes en dependencias policiales (en ocasiones sustituido por la traducción de un familiar o acompañante de la propia víctima) cuando una mujer que acude a denunciar se expresa con dificultad en el idioma oficial. A lo largo del proceso judicial parece estar garantizada la asistencia de intérpretes, pero no la formación de los mismos en violencia de género. AI ha presentado ejemplos en los que la víctima no se sintió entendida y bien interpretada, e incluso algunos en los que se sintió juzgada y fue recriminada por el intérprete.

La ONG denuncia así mismo que sigue en vigor una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, dictada en el desarrollo de la Ley Integral, que ordena a los agentes policiales que, además de seguir el protocolo común de trato a víctimas de violencia de género, ante la llegada de una víctima extranjera averigüen si su situación es irregular y, en ese caso, sigan un procedimiento que puede derivar en un expediente sancionador, e incluso en una expulsión.

Medidas

Por último, AI pide que se supriman todas estas "desventajas y obstáculos" que, a su juicio, sufren las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género. Para ello reclama medidas tales como la creación de mecanismos alternativos a la denuncia y la orden de protección para acreditar la condición de víctima de violencia de género, y la reforma del Reglamento de Extranjería para que las autorizaciones de residencia, tanto a mujeres reagrupadas por su agresor como por circunstancias excepcionales, lleven aparejada una autorización de trabajo, así como la retirada de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Pena de Muerte

Noticia

La utopía de un mundo libre de pena de muerte está más cerca. El Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU aprobó el pasado 15 de noviembre una resolución en la que se demanda una moratoria en el uso de la pena de muerte, de cara a su abolición total.

La resolución, apoyada por 99 países, y con 52 votos en contra y 33 abstenciones, iba a ser refrendada en el plenario de la Asamblea durante el mes de diciembre, después del cierre de esta edición.

Se trata de un hecho histórico, que supone un hito en el camino hacia la abolición.

Ya en 1971 y 1977 la Asamblea General de la ONU había aprobado sendas resoluciones en las que se decía que era deseable que los países abolieran la pena capital.

Pero esta última resolución, que fue patrocinada por 87 naciones del mundo, va más allá, al reclamar a los Estados que aún mantienen la pena capital –hoy día una minoría–, una moratoria universal como paso previo a la abolición. Les insta también a que respeten las normas internacionales que protegen los derechos internacionales de las personas condenadas a muerte y a que reduzcan el número de delitos por los que esta pena se puede imponer.

Aunque una resolución de este tipo no obliga legalmente a los gobiernos, sí supone una importante presión moral y política. El secretario general de las Naciones
Unidas tendrá que informar durante 2008 sobre su cumplimiento.

Se trata, en definitiva, de una poderosa herramienta para convencer a los países retencionistas de que revisen sus leyes, lo que facilitará que, antes o después, la
pena de muerte sea abolida.

Actualmente, 133 países del mundo han abolido ya la pena capital en la ley o en la práctica, y se espera que varios más se sumen en los próximos meses. Durante 2006 sólo hubo ejecuciones en 25 países, y el 91 por ciento de ellas tuvieron lugar en apenas seis naciones: China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y Estados Unidos.

Como informamos en esta edición, en China se han adoptado medidas que se espera que provoquen un descenso en el número de ejecuciones, y la revisión de la
constitucionalidad del uso de la inyección letal en Estados Unidos ha generado una moratoria de facto en la mayor parte del país.

Sintesis

El pasado 15 de noviembre el tercer comite de la ONU aprobo una moratoria en el uso dede la pena de muerte.Esta fue apoyada por 99 paises, con 52 votos en contra y 33 abstenciones.Se espera que la cantidad de paises que apoyan a la anulacion de esta pena aumente en los proximos meses.Durante 2006 sólo hubo ejecuciones en 25 países, y el 91 % de ellas tuvieron lugar en apenas seis naciones: China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y Estados Unidos.China se han adoptado medidas que se espera que provoquen un descenso en el número de ejecuciones

Torturas y malos tratos

Tortura y malos tratos a personas extranjeras

En los últimos años Amnistía Internacional ha documentado detenciones ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros, y ha denunciado también la impunidad que parece amparar a los que cometen esta violaciones de derechos humanos.

El informe de la organización España: Crisis de Identidad. Torturas y malos tratos de índole racista a manos de agentes del Estado, documenta más de 320 casos de torturas y malos tratos con un componente racista en los que estaban involucrados agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, así como de las policías autonómicas y locales.

En el caso de los extranjeros indocumentados existe el temor a denunciar a agentes de policía o guardias civiles por miedo a ser expulsados del país. Otros aspectos destacables son el temor a presentar denuncias debido a la práctica común entre los funcionarios de denunciar a su vez a la víctima o amenazar con tomar otras represalias, y la posible dificultad para contar con traductor o intérprete y para ser asistido por un abogado.

Amnistía Internacional ha instado al Gobierno español a establecer un órgano imparcial e independiente con capacidad para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

Tortura y malos tratos a personas extranjeras

El derecho internacional establece que las víctimas de tortura y malos tratos tienen el derecho a recibir del Estado una reparación inmediata que incluya la restitución, una indemnización justa y adecuada, así como atención medica y cuidados apropiados para su rehabilitación.

Amnistía Internacional ha manifestado su pesar por la impunidad que parece amparar en España a los funcionarios responsables de tortura y malos tratos y por la falta de garantías para las víctimas de estos delitos de obtener una reparación satisfactoria.

En su informe España: Acabar con la doble injusticia: Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación, Amnistía Internacional denunciaba la larga duración de los procesos por tortura y documenta casos en los que víctimas de tortura han tenido que esperar entre 15 y 20 años para obtener una sentencia firme que determine una indemnización. El informe también ilustra numerosos casos en los que, a pesar de que las torturas o malos tratos han resultado probados, las víctimas no obtienen indemnización alguna. También constata que la cuantía de las cantidades concedidas en concepto de indemnización ha sido, por regla general, muy baja.

El régimen de incomunicación

Amnistía Internacional se opone a la detención en régimen de incomunicación por ser una práctica que facilita la tortura y los malos tratos y que aumenta el riesgo de violaciones de derechos humanos contra los detenidos.

Actualmente en España se puede mantener detenida a una persona en régimen de incomunicación por un periodo de hasta 13 días, los primeros 5 sin tener la posibilidad de ser llevado ante un juez, lo que viola normas internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La preocupación de Amnistía Internacional es compartida por organismos como el Comité contra la Tortura, el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

Amnistía Internacional pide al Gobierno español que o bien elimine la detención en régimen de incomunicación o se aseguren todas las garantías para los detenidos, como el derecho a la asistencia letrada y médica de libre elección.

Conclusion

El derecho internacional establece el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. Es deber de los Estados demostrar su condena absoluta a tales actos, tanto en el plano de su legislación interna como en las actuaciones de todos sus funcionarios. Además de respetar la prohibición de la tortura y los malos tratos, es obligación de los Estados investigar de forma inmediata tales actos, someter a los responsables a un proceso justo, imponerles un castigo y ofrecer a las víctimas una reparación adecuada.

NOTICIA (violacion de la ddhh)

Colombia: Hay que poner fin a los homicidios de candidatos electorales

Amnistía Internacional condena el homicidio de otro candidato electoral a las elecciones regionales y locales del próximo 28 de octubre. Según los informes, desde que comenzó el año, han sido víctimas de muertes violentas alrededor de 27 candidatos electorales, de los que aproximadamente 17 fallecieron una vez iniciada la campaña electoral, en septiembre.

Adolfo León Álvarez Rodríguez, candidato a alcalde del municipio de Ataco, en el departamento de Tolima, murió el 16 de octubre debido a los disparos efectuados por unos pistoleros aún no identificados en la zona rural del municipio.

"Los homicidios y la intimidación de candidatos y de otros civiles representan una seria amenaza para la libertad de expresión –declaró Susan Lee, directora del Programa de América de Amnistía Internacional. Las autoridades colombianas deben ofrecer garantías efectivas para salvaguardar la seguridad de los candidatos y otros civiles, y tienen la obligación de investigar y hacer comparecer ante la justicia a todos los responsables de estos ataques."

Amnistía Internacional condena los homicidios y los actos de intimidación de motivación política contra candidatos y otros civiles, y pide a las fuerzas de seguridad, actúen solas o en conjunción con grupos paramilitares, así como a los grupos guerrilleros, que respeten el derecho de los colombianos a participar en las elecciones libres de coacción y de temor.

Información complementaria
La mayoría de los homicidios se han atribuido al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pese a que también se cree que algunas de estas muertes son responsabilidad de grupos paramilitares respaldados por el ejército.

Otros candidatos electorales han sido víctimas también de ataques físicos, amenazas y secuestros, lo que ha obligado a varios de ellos a dimitir y a dejar sus ciudades de origen para proteger sus vidas.

Comentario grupal

En este articulo se esta informando que dentro de Colombia existe una violación de los derechos humanos pertenecientes al articulo 1, 3, 21, 22, 27 y 28 de la declaración universal de los derechos humanos, debido a que en Colombia se han matado 27 candidatos electorales, entre los cuales 17 de ellos fueron matados al inicio de sus campañas. Se cree que estos homicidios son atribuidos a un grupo de guerrilleros colombianos llamado “fuerzas armadas revolucionarias de Colombia “y a algunos grupos paramilitares respaldados por el ejército.

Presentacion de Proyecto

Los derechos del entretenimiento

Como idea central queremos analizar canciones y películas que en sus letras o contexto hablan algo sobre los derechos humanos.
Queremos realizar este proyecto para mostrar que algunas películas y canciones hablan a favor o en contra de un tema sumamente importante como los derechos humanos. Este proyecto es la mejor opción para nuestro grupo ya que estaremos buscando información en los lugares que mas nos gustan.
Como finalidad queremos ver por nosotros mismos y hacer tomar conciencia a nuestros compañeros sobre que los derechos humanos están presentes también en canciones y películas.
El objetivo de este mismo es aprender a identificar los derechos humanos, aprender sobre ellos y encontrarlos en canciones y películas.
Como meta queremos haber analizado las canciones: legalícenla, homero (de viejas locas), por cultivar marihuana (de resistencia suburbana), niño soldado, el olvidado, planeta escoria, el vals del obrero (de ska-p). Además las películas: la vida es bella, el pianista, diamantes de sangre, la caída. Para el día 1 del mes de noviembre queremos tener analizadas por lo menos 2 canciones y una película.
Como beneficiarios directos seremos nosotros porque aprenderemos más sobre este tema mientras que realizamos el proyecto. Pero además nuestros compañeros serán beneficiados porque aprenderán un poco más sobre derechos humanos

Integrantes: García Agustín, Rotondo Federico, Villena Nicolás, Teruel Joaquín, Cavallera Simón, Marioli Mariano

Grupo:5

Declaracion Universal de los Derechos Humanos (artículos 21, 26, 27, 28, 29)

En sintesis, dentro de estos articulos, se trata de concientizar que todo hombre puede formar parte del gobierno de su país, mediante su persona o por medio de un representante directamente escogido, el cual sera elegido por el sistema de elecciones universal. En esta declaracion de expresa que cualquier persona tiene derecho a la educacion, por lo menos asegurandose el nivel fundamental, mientras que sus padres tendran el libre derecho de elegir que tipo de educacion se habra de dar a sus hijos. Toda persona puede intervenir dentro de su comunidad, y dentro de ella debe existir una declaracion que proteja sus intereses morales y materiales, dentro de esta comunidad cada persona tiene deberes, los cuales deben cumplirse.